El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares en pleno auge de los minerales críticos. Para Pía Marchegiani de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el problema no es la falta de normas, sino su incumplimiento y una tendencia de desregulación que podría debilitar la protección ambiental.
América Latina se consolidó como uno de los territorios estratégicos para la transición energética global. La región concentra cerca del 40 % de la producción mundial de cobre y alrededor del 30 % del litio, minerales considerados críticos para la electrificación del transporte y el despliegue de energías renovables.
En ese contexto, Argentina busca posicionarse como actor clave. Pero el debate ya no es solo económico: es institucional, ambiental y político.
Esta semana, el Senado argentino dio media sanción al proyecto de reforma de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, una norma que desde 2010 establece presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. La iniciativa, ahora en Diputados, reabre una discusión de fondo: ¿cómo compatibilizar la expansión minera con la protección de ecosistemas críticos?
Institucionalidad existe, el problema es el cumplimiento
Para Pía Marchegiani, Directora Ejecutiva Adjunta y del Área de Política Ambiental de (FARN), el punto de partida no es la ausencia de normas, sino su aplicación. “Hoy Argentina tiene institucionalidad, tiene un marco normativo que en principio es suficiente y puede garantizar el derecho al ambiente sano”, señala la directora de la organización.
Sin embargo, advierte que el principal desafío es la implementación:“El problema principal es que no se cumple y está en retroceso con la tendencia global. Hay una tendencia de desregulación”.
Según Marchegiani, Argentina enfrenta dificultades estructurales en los procesos de consulta pública y en la evaluación de impacto ambiental. Además, subraya una deuda pendiente:
“Una ley pendiente sería de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional, porque Argentina es uno de los pocos países de la región que no tiene. Es una herramienta clave para evaluar impactos de proyectos cuando están de forma combinada en un mismo territorio”.
La media sanción de la reforma a la Ley de Glaciares se da, justamente, en ese contexto de discusión sobre estándares y controles.
¿Transición energética o nuevo extractivismo?
La gran demanda global de minerales críticos abre oportunidades económicas, pero también riesgos. ¿la extracción de litio y cobre en territorios sensibles se traduce efectivamente en descarbonización global, o reproduce asimetrías históricas entre países productores y consumidores?
Para evitar repetir los errores del pasado, Marchegiani plantea un enfoque que combine justicia ambiental, planificación estratégica y límites ecológicos claros.
“Yo diría tener una mirada de justicia ambiental de abajo hacia arriba. En lo territorial, asegurar que las comunidades tengan procesos de participación y consentimiento, que su mirada quede integrada, inclusive su derecho al NO”, subraya.
Ese punto —el derecho al consentimiento y a rechazar proyectos— aparece como uno de los ejes centrales del debate en zonas donde confluyen minería, ecosistemas frágiles y comunidades locales.
A eso se suma la necesidad de una mirada ecosistémica más amplia:“Se necesitan zonas de exclusión en términos ambientales y culturales”. La especialista también plantea avanzar hacia una evaluación ambiental estratégica que identifique, antes de aprobar proyectos individuales, cuáles son los ecosistemas que no deberían intervenirse:“No solo es qué quieren las comunidades del lugar, sino cuáles son los sitios que no habría que tocar desde lo cultural y ambiental”.
Repensar la transición
Finalmente, Marchegiani introduce un debate que trasciende la discusión regulatoria. La transición energética, sostiene, no debería limitarse a sustituir tecnologías, sino repensar patrones de consumo.
“La solución a la crisis planetaria debería involucrar una reducción del uso de materiales naturales. No se trata de reemplazar la flota automotor fósil por una eléctrica, sino de pensar realmente en un cambio de paradigma”.
En paralelo, agrega que los países productores también deben preguntarse cuáles son sus propias necesidades energéticas y de transformación interna, y no solo responder a la demanda externa.
La media sanción de la reforma de la Ley de Glaciares coloca a Argentina ante una decisión estratégica. Mientras el mundo demanda minerales críticos para descarbonizar su matriz energética, el país debate hasta dónde flexibilizar —o fortalecer— sus salvaguardas ambientales.
El interrogante que atraviesa la discusión no es si habrá minería, sino bajo qué reglas, con qué planificación y con qué límites ecológicos.
