La encrucijada de los biocombustibles en Argentina

Beneficios biocombustibles - Cámara de Bioetanol de Maíz.

Por Fiorella Lotti

A pocos días de vencer la Ley que regula su producción, y con precios atrasados, los empresarios esperan una solución que les otorgue previsibilidad.

El sector de biocombustibles experimentó a lo largo de la última década un notable desarrollo en nuestro país, logrando posicionarse como uno de los principales productores en el mundo, a la vez que permitió diversificar la matriz energética mediante el uso de combustibles limpios. Si bien esa diversificación es aún muy limitada, su utilización constituye un gran aporte al ambiente, las economías regionales y el abastecimiento de combustibles.

Sin embargo, hoy se encuentra en una encrucijada: la Ley 26.093, que regula el Régimen de promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles, y que fue promulgada en mayo de 2006, vence en pocos días, por lo que se están barajando diferentes posibilidades en el Congreso de la Nación. Las empresas productoras aguardan por una solución que les otorgue previsibilidad, y algunas apuntan al “lobby petrolero” como el causante de la demora en el tratamiento de la normativa.

“Una nueva ley es necesaria porque la realidad es dinámica y muchas veces el derecho es estático y necesitás recurrir a regulaciones para mantener una coherencia, creo que un marco normativo amplio y con determinadas facultades para los organismos facilitaría mucho la producción”, analizó Juan Francisco Albarenque, Director de Asuntos Legales en National Shipping SA, abogado especialista en Energía y Ambiente.

Las actividades alcanzadas por dicha Ley son la producción, mezcla, comercialización, distribución, consumo y uso sustentables de biocombustibles: biodiesel y bioetanol. Este tipo de combustible es una fuente de energía renovable que se obtiene a partir de la combinación del cultivo vegetal, moliendo aceite y alcohol, y un poco de decisión política.

En su promulgación, la normativa había establecido que en los siguientes 4 años todas las naftas y gasoil debían mezclarse con un 5% de combustible derivado de cereales, oleaginosas o desechos orgánicos. Esto se alcanzó y sobrepasó, hasta llegar hoy al 10% para biodiesel y 12% para bioetanol.

Cualquier fuente de ácidos grasos puede convertirse para producir un combustible no tóxico y biodegradable elaborado a partir de recursos naturales y renovables, puede usarse en todos los motores diesel y es compatible con la mayoría de los sistemas de almacenamiento. Su uso reduce sustancialmente las emisiones contaminantes de los motores convencionales: 99% menos de óxido de azufre, 30% menos de hidrocarburos inquemados y 25% de monóxido de carbono.

Para Albarenque, la Argentina necesita un proyecto que establezca mezclas escalonadas y así continuar con el desarrollo de la industria. “Si no hay una nueva ley superadora, el mercado quedaría liberado y sería una oportunidad para grandes jugadores, desnaturalizando los principios que tuvo la primera ley de biocombustibles: fomentar las economías regionales, incentivar a los productores a incursionar en biocombustibles, y de esa manera ir generando valor agregado al campo”, asegura.

El nuevo proyecto           

El jueves 22 de abril, el oficialismo presentó un nuevo proyecto de ley analizado en la Comisión de Energía y Combustibles y firmado por 15 diputados, que propone una vigencia hasta 2030, con posibilidad de prórroga a 5 años, y establece que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía.

“El objetivo del gobierno es lograr la mayor sinergia entre todas las realidades de la situación local, cuidando cada puesto de trabajo y el impacto en el medio ambiente”, afirmó el secretario de Energía, Darío Martínez, al respaldar el texto ante los legisladores.

El proyecto establece para el biodiesel un corte obligatorio del 5% medido sobre la cantidad total del producto final; mientras que el corte de bioetanol no sufriría modificaciones, quedando con un porcentaje mínimo obligatorio del 12%.

Sin embargo, prevé elevar el volumen mínimo en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, o razones ambientales y/o técnicas. A sí mismo, también podrá reducirlo “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor o ante situaciones de escasez por parte de las empresas elaboradoras”.

En cuanto al precio, el artículo 14 de dicho proyecto especifica que el mismo deberá cubrir los costos.“Las metodologías de cálculo de los precios de los biocombustibles para el abastecimiento de las mezclas mínimas obligatorias con combustibles fósiles, deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta de producción”.

Por otra parte, el proyecto contempla un beneficio impositivo para su producción, exentuándolos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

Sin embargo, este texto difiere del presentado en noviembre por el senador Roberto Mirabella, quien buscando impulsar el Plan Nacional de Biocombustibles, proponía para el biodiesel un corte inicial en al menos un 12%, y que podría incrementarse en 1% anual, según la evolución del mercado interno, con el objetivo de alcanzar un 27% en quince años.

A su vez, buscaba que todas las gasolinas tuvieran que contar con un mínimo de 15% de bioetanol, contenido que podría aumentarse en al menos 1% cada año para llegar al 30% a 2026, cuando finalizaría la vigencia de la normativa.

En el marco impositivo proponía crear beneficios especiales en el pago de IVA e impuesto a las ganancias para la compra de bienes de capital; la realización de obras civiles, electromecánicas y de montaje; y otros servicios vinculados que integren a plantas de producción nuevas o existentes.

Situación de la industria

La industria de los biocombustibles tuvo un gran desarrollo en los últimos años en Argentina, posicionándose en 2016 como el principal exportador mundial y el tercer productor mundial de biodiesel. En ese entonces, la producción de etanol se ubicaba cerca de los 815 millones de litros por año.

Sin embargo, la situación comenzó a mermar en 2018. De acuerdo a un informe publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción argentina de biodiesel  se redujo un 15,4%, las ventas en el mercado interno bajaron un 6% y las exportaciones se vieron resentidas en un 15%,en relación al año anterior.

Desde 2019 y durante 2020, la industria padeció un congelamiento de tarifas que la llevó al borde de la quiebra. El gobierno de Alberto Fernández introdujo una primera alza del 10% en octubre para el bioetanol de caña de azúcar y maíz, a $32,78 por litro, y el biodiésel de aceite de soja, a $48.53 por tonelada.Sin embargo, esto fue insuficiente, y en enero estableció un aumento escalonado de los precios en 90,71% para el biodiesel y en 55,94% para el bioetanol.

En nuestro país funcionan alrededor de 36 plantas de biodiesel con una capacidad instalada de 4,4 millones tn/año. De esas 36, sólo 12 poseen una capacidad igual o mayor a 100.000 tn/año, 11 de las cuales están ubicadas en el Gran Rosario. Es así como la provincia de Santa Fe ocupa un rol relevante en esta industria, con 18 plantas en su mayoría de gran tamaño que registran el 79% de la capacidad total de producción nacional.

Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO).

“Actualmente, la industria está complicada y si se disminuye el volumen de corte va a empeorar. La capacidad instalada está subutilizada. Fue el año de menor producción, en parte a raíz de la pandemia, por el cierre de algunos mercados con políticas proteccionistas, y en el mercado doméstico también hemos sufrido un menor volumen de venta por los precios definidos por debajo del costo de producción. Fue un año de bajo volumen con una alta capacidad ociosa”, describió Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO).

A nivel regional, Brasil es quien se encuentra mejor posicionado actualmente. Si bien en 2019 aumentó dos veces en menos de un año la cantidad mínima de biodiésel, con el objetivo de alcanzar un 15% en 2023, a mediados de abril el ministro de Energía explicó que el porcentaje de corte pasará al 10%, reduciendo el cupo en 3 puntos, y aclaró que es una medida temporal debido al alto precio de este insumo.

El suministro de biodiesel en el país limítrofe avanzó de 4,62 mil millones de litros en 2016 a 6,69 mil millones de litros proyectados este año, según la consultora BiodieselBR, que estima una demanda de aproximadamente 9,7 mil millones de litros en 2023.

“Es necesario mirar a nuestro vecino Brasil, no en vano las petroleras están haciendo join ventures con las alcoholeras. Es una manera de agregar valor al campo, generar fuentes de trabajo laboral, incrementar tecnología y mejorar logística y comunicación”, indicó Albarenque. 

Posiciones encontradas

No todos los sectores que componen la industria tienen posiciones en común en el tratamiento de la ley y en su proyección económica.

Federico Pucciarello, titular de la firma Rosario Bionergy y referente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER).

Federico Pucciariello, titular de la firma Rosario Bionergy y referente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), cree que la ley actual es obsoleta: “Tenemos las plantas paradas hace meses, y la realidad del país, en quince años, se modificó totalmente”.

Además, aseguró que la postura de la provincia de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy no sirve: “Aprobar una prórroga de un año para después no saber cómo va a seguir no da previsibilidad. El objetivo del poder Ejecutivo tiene que ser que las PyMes sigan funcionando. Todos los senadores y diputados de la provincia están trabajando alineados en un proyecto de ley superador o en una prórroga por cuatro años”.

En ese sentido, apoya el proyecto de ley oficialista, del cual remarca: “Buscadefender las fuentes laborales, la regionalidad en las diez provincias productoras de biocombustibles y, sobre todo, a las PyMes argentinas. Porque son inversiones genuinas nacionales, es agregado de valor en origen, es creación de empleo en ciudades pequeñas”.

Por otro lado,Zubizarreta sentenció: “Pensar en rebajar el corte es un duro golpe a la industria. Creemos que el proyecto oficial no es bueno porque consideramos que no tiene en cuenta el impacto ambiental delos bicombustibles. El mundo va girando hacia energías renovables, y el proyecto no va en ese camino al aumentar el uso de combustibles fósiles”.

Además, defiende la competencia y la libertad de fijación de precios: “El consumidor tiene que poder elegir a quien comprarle, el proyecto apunta a un esquema discrecional donde el Estado define los precios. Creemos se debe pensar en distintos nichos o tramos para aquellas empresas de menor escala”.

Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH).

Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH),elaboró un documento en el que detalla los motivos por los que no se debería acompañar el proyecto oficial. Entre ellos, enuncia que la reducción de biocombustibles en las mezclas atentan contra el ambiente y la salud; otorga amplias y discrecionales facultades a la Autoridad de Aplicación; se quitan incentivos a la inversión y la exportación,  excluye la posibilidad de desarrollar biocombustibles distintos al biodiesel y al bioetanol y pone a una gran cantidad de productores al borde de la bancarrota.

“Este proyecto ignora la posibilidad de implementar en el país un programa destinado a introducir vehículos con motores “flex fuel”, tan necesario para incrementar la sustentabilidad en el uso de combustibles de transporte, a través de la utilización de contenidos de bioetanol en las naftas, superiores al 18%”, describió Molina.

A su vez, las empresas nucleadas en CEPREB manifiestaron que la Ley 26.093 tiene todos los elementos virtuosos de una política pública establecida con visión de futuro, “cuya continuidad peligra por la incertidumbre del lobby petrolero y su influencia en la gestión parlamentaria”.  “Ha demostrado en todos estos años, con creces, una influencia positiva en aspectos socio-económicos como el empleo, la promoción de combustibles amigables con el medioambiente, el fomento de las industrias pymes nacionales, la federalización y el desarrollo económico de pequeñas comunidades vinculadas con la instalación de plantas productivas”, señalaron desde la cámara.

Proyecciones y oportunidades

Los biocombustibles son los eslabones que mayor valor agregado tiene dentro de la cadena productiva. Entre los beneficios económicos que aportan, se resalta el desarrollo regional, genera puestos de trabajo genuinos, potencia las cadenas agroindustriales, evita la importación de combustibles fósiles. Cuanto más valor se le agregue industrializándola, se le da un mejor precio que repercute en toda la cadena.

Para los productores de Biodiesel, el uso eficiente de los recursos naturales está en el aprovechamiento de “Vaca Viva” (NOA, NEA Y Pampa Húmeda): Alentar el aprovechamiento de los recursos bioenergéticos. En términos históricos, la producción y aprovechamiento de los biocombustibles recién empieza en el país.

Con una ley que acompañe el desarrollo de la industria, se prevé un plan de inversiones de  1.500 millones de dólares en economías regionales, con un  ahorro de divisas de 545 millones anual, generando el 70% del valor agregado, 16.000 puestos de trabajo directos, en NOA, Región Centro y San Luis, y 64.000 puestos considerando los directos e indirectos. Dentro de esas cifras, 1000 puestos directos y 5000 totales, corresponden al bioetanol de maíz.

“Creo que deberíamos estar alineados con lo que sucede en el mundo. Todos los países desarrollados están pensando en reemplazar combustibles fósiles por otras fuentes de energía sustentable y renovable, y nosotros tenemos a la mano los biocombustibles, con lo cual deberíamos estar en la vanguardia de esa política. Desde CARBIO  consideramos que mínimamente  este tema merece un debate mucho más serio y abierto dentro del Congreso para tomar la mejor decisión para la industria argentina”, apuntó Zubizarreta.