La ONU presentó su análisis del impacto de la pandemia en la Argentina

En un panel multisectorial, la Organización de las Naciones Unidas presentó el informe preliminar “Covid-19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental”, a través del cual propone un análisis multidimensional y prospectivo del potencial impacto de la pandemia en nuestro país.

Participaron de la conferencia Roberto Valent, Coordinador Residente de Naciones Unidas en Argentina y representantes de las oficinas en el país de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres, Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y UNICEF.

“Estamos viviendo una crisis global inédita e inesperada que afecta sobre un país que reconoce una crisis preexistente. La pandemia afecta a la totalidad de sus habitantes, y las consecuencias son dramáticas. La crisis desatada por la pandemia traerá una fuerte contracción económica con pérdida de empleo, y aumento de la pobreza, caída de la producción así como nuevos retos para el desarrollo sostenible y la paz social”, describió Valent.

Roberto Valent, Coordinador Residente de Naciones Unidas en Argentina

Según estimaciones, la economía caería un 8,2% en 2020, y hasta 10% en caso de que se registre un segundo brote en el país. “Esta es una información contundente. Argentina es un país con capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas y hoy debe brindar asistencia a 11 millones. Las principales víctimas de esta pandemia son las niñas, niños y adolescentes así como las mujeres y adultos mayores. Las desigualdades se han puesto en evidencia por esta crisis”, indicó.

Por otra parte, “la pandemia viene a recordarnos la relación de la salud y la naturaleza y la importancia de mantener los ecosistemas. Debemos mantener el equilibrio porque nosotros padecemos los impactos, como sucede con el Covid-19”. 

“Los gobiernos nacional y provinciales tomaron medidas rápidas y efectivas para paliar las consecuencias, y la sociedad en general actuó con solidaridad. Argentina tiene larga tradición de protección social con una robusta red de ayuda que incluye al Estado y la sociedad civil, y un fuerte compromiso del sector privado. Pero necesita complementarse con el mundo productivo. Necesita de un marco fiscal robusto y un marco económico de crecimiento sostenible inclusivo y equitativo. No puede haber uno sin otro”, alentó.

Salud

En las últimas semanas se denota un aumento de casos positivos de Covid-19, sobre todo en la región AMBA. Actualmente, la cifra de infectados asciende a 47.216 y el total de fallecidos es de 1078 en todo país.

Para Moureen Birmingham, representante de la OMS, “Argentina es ejemplar en la región en cuanto a su respuesta frente a la pandemia. Por su abordaje multisectorial, habilidad de aplicar pruebas científicas en un contexto cambiante, medidas rápidas para aumentar la protección social, y el autocomprimiso comunitario. Esto permitió aplanar la curva y tener tiempo para expandir el servicio de salud. Pero sabemos que el virus sigue presente.”

Y explicó: “Para evitar un disparo descontrolando mientras se relejan las medidas, será necesario aplicar otras para poner presión a la cadenas de transmisión. Medidas básicas de salud pública que tienen que ver con el aumento de la vigilancia para saber dónde está el virus, y lograr así una detección precoz y testo de casos sospechosos. Sumado a la localización de contactos estrechos y consiguiente aislamiento”.

“Para lograrlo, será necesario escalar la arquitectura de salud pública, lo que significa una inversión en mucho más personal para movilizarlo, pero cuesta menos que enfrentar la ola. Estas acciones permitirán abrir de forma cautelosa la economía”, precisó.

El sistema argentino de salud es uno de los más fragmentados y segmentados de la región. Esta fragmentación puede verse en la cobertura, ya que no toda la población tiene acceso a los mismos beneficios y servicios; en las funciones regulatorias, y en las disparidades geográficas. “Esta crisis dejó al descubierto la subinversión crónica durante muchos años en la región. Es una oportunidad de restaurarlo y es clave para atender la pandemia. A su vez, se debe sostener a lo largo del tiempo para afrontar otras posibles crisis”, apuntó Birmingham.

Economía y empleo

La cuarentena vigente desde el 20 de marzo en el territorio nacional generó una fuerte crisis económica, con consecuencias directas en los puestos de trabajo. Si bien la situación previa ya era de extremada fragilidad, la crisis generada por la pandemia presenta un triple shock económico en el nivel local: uno de oferta (debido a las medidas de aislamiento social), uno de demanda (derivado de los menores ingresos que genera la paralización de la actividad económica) y uno financiero (asociado a los problemas de liquidez que enfrentan las empresas, especialmente Pymes).

Pedro Américo Furtado de Olivera, representante de la OIT, presentó cifras contundentes: “El comercio exterior prevé una disminución del 29% en julio de este año.  Hay menos inversiones, excepto en las industrias esenciales como alimentos, farmacéutica y salud. El impacto sectorial fue más fuerte en el comercio y productos no esenciales, la construcción, el trabajo doméstico y de cuidados, el turismo y hotelería”.

De acuerdo con las proyecciones de la OIT realizadas en base a distintos escenarios de caída del PIB, se perderían entre 750.500 y 852.500 empleos en Argentina en 2020, según la disminución del PIB prevista por la OCDE.  “La tasa de desempleo llegaría a un 8,9%, alcanzando alrededor de 1.250.000 personas. En este caso, los jubilados son un grupo de riesgo que cuenta con una reducida cobertura del sistema jubilatorio. El 66% sigue como jefe de hogar, sobre todo las mujeres, y necesitan seguir trabajando”, explicó Furtado de Olivera.

De este análisis, se desprende que las medidas de aislamiento tuvieron mayor impacto en los trabajadores no registrados, de alta vulnerabilidad, que corresponde a trabajadores por cuenta propia, autónomos y monotributistas. “En términos de pobreza se estima que puede aumentar del 35,6 al 40,2%, y la indigencia subiría hasta el 10,8%. Es decir que la desigualdad aumentaría hasta el 32,5%. Y la tasa de trabajadores no registrados aumentaría hasta el 35,9%, con mayor incidencia en mujeres”, precisó.

Sin embargo, aseguró: “Argentina fue uno de los países que más rápido reaccionó a la crisis. Se tomaron medidas elementales, como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el  Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Ambos tienen limitaciones pero fueron fundamentales para contener el impacto social y económico, y coinciden con las regulaciones de la OIT, de apoyar el empleo, los ingresos, estimular la economía y proteger a los trabajadores”. 

En definitiva, el efecto real sobre la caída del PIB dependerá de cuánto tiempo  se aplicarán las medidas de aislamiento social, de su amplitud en términos sectoriales y jurisdiccionales, y eso está sujeto a la trayectoria de crecimiento de la pandemia. Por otro lado resultará central el efecto que la crisis internacional, de magnitud todavía desconocida, tenga sobre el país.

“Es momento de establecer protocolos para la vuelta al trabajo, y de utilizar el diálogo social entre gobierno, sector trabajador y empleador para reactivar la economía. Esa búsqueda se está llevando a cabo a través de espacios de consulta en el Consejo Social, donde se va a trabajar de manera consensuada el futuro del trabajo que queremos”, indicó Furtado.

Infancia y pobreza

Luisa Brumana, representante de UNICEF, planteó la fuerte preocupación del organismo por la profundización de la pobreza infantil en el país, que ya en 2019 afectaba al 53% de los niños y niñas, y este año podría escalar hacia más del 58%.

El análisis realizado muestra fuertes desigualdades. La incidencia de la pobreza aumenta significativamente cuando los menores residen en hogares donde la persona adulta de referencia está desocupada (94,4%), con un trabajo informal (83,9%), con bajo clima educativo (92,9%), son migrantes internacionales (70,8%) o con jefatura femenina (67,5%).

“Esto se traduce en una ampliación de la brecha de inequidad. La ubicación de la vivienda es lo que más incide en la desigualdad. Si está en una villa o barrio popular la incidencia podría alcanzar a 9 de cada 10 chicos. Preocupa si lo combinamos con el elevado nivel de pobreza estructural, teniendo en cuenta que 4,2 millones de personas viven en esos lugares, donde más del 90% no tienen acceso a agua, red cloacal ni gas natural”, detalló Brumana.

“A través de una encuesta, confirmamos que el sistema de protección social tiene una penetración alta, y más de 2 millones de hogares reciben alguna prestación social. Es positivo, ya que el sistema es amplio y llega, y el 84% no tuvo inconveniente para acceder a las transferencias. En los lugares más necesitados la cobertura es más alta, comprobando que se está focalizando en los hogares que más lo necesitan”, explicó.

Al hablar de seguridad alimentaria y nutricional, actualmente 11 millones de personas reciben asistencia alimentaria. La cifra implica tres millones más que antes de la pandemia. En este contexto, el 28,3% de los hogares relevados dejó de consumir algún alimento por limitaciones en el ingreso. En las villas y los asentamientos, el porcentaje llega al 45,3%.

En cuanto a la educación, y debido a la interrupción las clases presenciales, se observa un retraso en el cumplimiento de los planes de estudio de niñas, niños y jóvenes, así como toda una modificación en la logística familiar relacionada a prácticas de cuidado.

El gobierno nacional puso en marcha un conjunto de estrategias para asegurar la continuidad de las actividades escolares a través del Programa Nacional Seguimos Educando. “Sin embargo, las desigualdades preexistentes se agudizan en este contexto. El 18% de las y los adolescentes entre 13 y 17 años no cuenta con Internet en el hogar y el 37% no dispone de dispositivos electrónicos para realizar las tareas escolares, valor que aumenta al 44% entre quienes asisten a escuelas estatales”.

La ONU presentó un marco global para la apertura de las escuelas adaptado a las autoridades locales, pero “en la fase de transición puede que los chicos se alejen definitivamente de las escuelas, por lo que será necesario realizar un esfuerzo en volver a buscar a las familias y que los niños vuelvan a clases”, apuntó.

Mujeres y género

Florence Raes, representante de ONU Mujeres.

El brote de COVID-19 afecta de modo diferente a las mujeres y a los hombres, y exacerba las disparidades previamente existentes asociadas al género. “El impacto en afecta a las poblaciones de formas diferentes. Las personas que ya eran vulnerables sufren más: mujeres, niñas, LGTB, indígenas, comunidades rurales, trabajadores informales, migrantes y refugiados, y con discapacidades. Representan más del 50% de la población”, precisó Florence Raes, representante de ONU Mujeres.

La cuarentena aumenta los riesgos de violencia de género y abuso sexual. La posible discontinuidad de redes de protección social afectan los determinantes sociales de la salud y el bienestar de las mujeres y las desigualdades de género preexistentes.

“Las implicancias de la pandemia muestran, una vez más, el mayor riesgo que asumen las mujeres, asociado a sus funciones en la primera línea de atención sanitaria y social. Por una parte, los principales sectores laborales que enfrentan este virus están altamente feminizados”.

Los niveles de pobreza en los hogares con niños son mayores entre los hogares  monoparentales liderados por mujeres solas (85,6%), que ahora enfrentan además una sobrecarga de tareas de cuidado. A la vez, las mujeres enfrentan una inserción más precaria en el mercado laboral, lo que se refleja en una brecha salarial del 29%, mayores niveles de informalidad (36%) y de desocupación (10,8%) con respecto a los varones.

“Las medidas de protección social y económica deben reconocer las dinámicas de la economía del cuidado y promover acciones que tiendan a disminuir desigualdades. Es necesario darles voz para integrarlas en el diseño de la propuesta para la respuesta adecuada”, concluyó Raes.

Medio ambiente

René Mauricio Valdez, representante del PNUD.
René Mauricio Valdez, representante del PNUD.

Según René Mauricio Valdez, representante del PNUD, “el origen de la pandemia es un virus de origen animal, que viene de los murciélagos, ya que estamos destruyendo el hábitat de ellos, y eso tiene un impacto directo en nuestra salud. Pensando a futuro, el Secretario General de la ONU nos invita a reconstruir y reactivar mejor, sin dejar afuera el impacto en el ambiente y el cambio climático. Si los ciudadanos y los estados vamos a hacer grandes contribuciones financieras para la reactivación, es necesario un compromiso de las empresas con el medio ambiente”.

Las primeras investigaciones y recolecciones de datos confirman lo evidente: ante el freno de la actividad humana, el ambiente se ve favorecido. Pero los impactos positivos visibles, ya sea la mejora de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), son solo temporales, porque se derivan de una aguda desaceleración económica y un trágico sufrimiento humano.

Valdez recomendó: “La recuperación nos tiene que permitir atender la crisis del cambio climático, que estamos en un punto crítico. Argentina no es uno de los países de mayor emisión de gases de efecto invernadero, es decir, que tiene que aprovecha el margen para hacer una transición a energías limpias”.

Oportunidades de la crisis

“Argentina tiene la capacidad humana y de recursos para construir una recuperación solida. La respuesta tiene que ser multidimensional, amplia y coordinada, en el marco de los ODS, liderada por el Estado. Esta crisis es una oportunidad de construir mejor”, aseguró Valent al cierre de la conferencia.

Para esto, “se debe continuar con la implementación de medidas para garantizar el acceso a los servicios de salud y a los servicios básicos a los más vulnerables, abordar las dimensiones sociales y económicas desde una perspectiva de derechos humanos. Diseñar políticas fiscales productivas para garantizar los recursos, y evitar las pérdidas masivas de puestos de trabajo”.   

Sin duda, la pandemia exacerbó la crisis sanitaria, alimentaria y socioproductiva preexistente en Argentina, dejando a la vista las problemáticas estructurales y la necesidad de implementar políticas que permitan ir hacia un desarrollo sostenible.