El primer Índice de Transparencia de la Minería Argentina analizó 13 operaciones de litio, cobre, oro y plata en cinco provincias. Ninguna de las empresas remitió el Informe de Impacto Ambiental solicitado y solo cuatro de las 12 operaciones con puntaje alcanzaron un nivel alto de transparencia. El estudio no evalúa contaminación ni cumplimiento ambiental sustantivo, sino la disponibilidad y accesibilidad de la información.
El primer Índice de Transparencia de la Minería Argentina (ITMA), elaborado por la Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD), evaluó 13 operaciones y proyectos de cobre, oro, plata y litio ubicados en Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Santa Cruz. El resultado general muestra una situación que merece atención: el 66% de las operaciones con puntaje presenta un desempeño insatisfactorio en materia de transparencia ambiental.
Los proyectos evaluados obtuvieron entre 25 y 72 puntos sobre 100, con un promedio de 50,7. De las 12 operaciones que recibieron puntaje final —Minera Manantial Espejo quedó excluida por encontrarse en proceso de cierre—, cuatro alcanzaron un nivel alto, cinco un nivel medio y tres un nivel bajo.
Pero el dato más significativo del relevamiento no está necesariamente en el ranking, sino en la dificultad para acceder a información ambiental primaria.
Ninguna empresa entregó el Informe de Impacto Ambiental solicitado
Durante la investigación, ICD solicitó a las 13 operaciones evaluadas el envío de sus Informes de Impacto Ambiental (IIA). Ninguna de ellas remitió el documento.
Solo dos empresas —Rio Tinto y Vicuña— presentaron evidencia de haber respondido solicitudes de información ambiental. En el caso de Rio Tinto, esa respuesta alcanzó a sus cuatro operaciones incluidas en el estudio: Salar del Rincón, Salar de Olaroz, Sal de Vida y Fénix. Sumada Vicuña, la evidencia de respuesta alcanzó a cinco de las 13 operaciones analizadas.
A su vez, Salar del Rincón fue el único proyecto que publica un extracto de su IIA en canales propios.
La situación resulta particularmente relevante porque el IIA no es un documento accesorio dentro del proceso de evaluación ambiental. El informe de ICD recuerda que constituye la base técnica sobre la cual la autoridad provincial evalúa preventivamente los potenciales impactos de un proyecto y decide si corresponde autorizar, condicionar o rechazar una actividad.
Ahora bien, que una empresa no haya entregado el IIA ante una solicitud particular no significa, por sí mismo, que haya incumplido una obligación legal. La Ley 25.831 establece que la responsabilidad de responder solicitudes de información ambiental recae sobre las autoridades públicas. Las compañías, sin embargo, pueden facilitar voluntariamente la documentación relativa a sus propias actividades.
Por eso, el ITMA interpreta la falta de respuesta como una brecha de transparencia activa, no como una prueba de incumplimiento ambiental.
Un ranking que mide transparencia, no impacto ambiental
Este punto es fundamental para interpretar los resultados.
El ITMA no determina si una mina contamina, si cumple materialmente con todas sus obligaciones ambientales o si sus impactos son mayores o menores que los de otro proyecto. Tampoco permite concluir que una empresa incumplió simplemente porque determinada información no pudo ser verificada.
Lo que mide es si la información ambiental es pública, localizable, accesible, actualizada, comprensible y trazable. La ausencia de información verificable puede significar que el dato no está publicado, que se encuentra en un canal que no fue relevado o que efectivamente no existe; el índice no permite distinguir entre esas posibilidades.
La metodología combina cinco dimensiones: cumplimiento normativo ambiental, calidad del IIA, accesibilidad de la información, adhesión a esquemas voluntarios y participación ciudadana.
Sin embargo, hay otra particularidad metodológica relevante: la calidad del IIA, que representaba cinco puntos, quedó excluida del puntaje de esta primera edición porque el acceso al documento fue insuficiente para evaluarla de manera homogénea. De esta forma, el 80% del índice termina concentrado en transparencia y gobernanza, mientras que los componentes técnico-normativos representan el 20%.
Es una distinción importante: el 66% de desempeño insatisfactorio no significa que el 66% de las operaciones tenga un desempeño ambiental insatisfactorio.
El litio concentra los primeros puestos
Los tres primeros lugares corresponden a proyectos de litio.
Salar del Rincón, en Salta, obtuvo 72 puntos; Salar de Olaroz, en Jujuy, y Salar del Hombre Muerto–Fénix, en Catamarca, alcanzaron 67 puntos cada uno. Los tres pertenecen a Rio Tinto Lithium.
En el caso de Rincón, el puntaje estuvo impulsado especialmente por su accesibilidad de información: fue la única operación que obtuvo los 30 puntos de esa dimensión, al combinar respuesta a solicitudes de información con la publicación de un extracto del IIA en sus propios canales.
El cuarto puesto correspondió a Cauchari-Olaroz, en Jujuy, con 60 puntos, mientras que Sal de Vida, también en Catamarca, obtuvo 57.
En el otro extremo, Casposo, en San Juan, registró 25 puntos, seguido por Los Azules y Minera Gualcamayo, ambos con 36 puntos.
El propio informe advierte que el ranking es por proyecto y no estrictamente por empresa, debido a que las operaciones pueden involucrar distintos accionistas, operadores y estructuras societarias.
La participación ciudadana, otro punto de tensión
El ITMA analiza evidencia pública sobre audiencias o consultas, convocatorias, observaciones, respuestas y mecanismos propios de diálogo, consulta y atención de reclamos.
Pero también aquí existe una frontera que el estudio procura marcar: la organización de los procedimientos institucionales de participación corresponde principalmente al Estado. Las empresas pueden tener obligaciones específicas derivadas de la normativa provincial, de sus permisos, de las Declaraciones de Impacto Ambiental o de otros compromisos vinculantes, pero no existe una obligación general para todas las compañías mineras de organizar por sí mismas audiencias o mesas de diálogo.
De hecho, ICD reconoce que parte de la información utilizada para puntuar esta dimensión depende de cómo las provincias documentan y publican sus propios procedimientos. Esa limitación será relevante para la próxima edición.
La transparencia también es una cuestión de gestión empresarial
Uno de los hallazgos que plantea el informe es la existencia de cierta consistencia dentro de grupos empresariales.
Los tres proyectos que encabezan el ranking pertenecen al mismo grupo controlante, Rio Tinto Lithium. Para ICD, esto sugiere que las políticas y prácticas corporativas globales pueden tener una incidencia concreta en la forma en que se gestiona y comunica la transparencia ambiental a nivel local.
La observación resulta relevante para una industria en expansión: la transparencia no depende solamente de cumplir con la documentación exigida por el marco regulatorio. También implica definir qué información se publica, dónde se publica, con qué frecuencia se actualiza y qué sucede cuando una comunidad, una organización o un investigador pide información adicional.
En ese sentido, la comunicación deja de ser un aspecto periférico del vínculo con las comunidades y pasa a formar parte de la propia gobernanza ambiental.
El desafío ahora también queda del lado del Estado
El propio ITMA reconoce que evaluar exclusivamente a las empresas ofrece una mirada parcial del problema.
La información ambiental minera se encuentra, en buena medida, vinculada con expedientes y procedimientos bajo responsabilidad estatal. Las provincias tienen un rol central en la producción, administración, actualización y difusión de esa información, así como en la implementación de mecanismos institucionales de participación ciudadana.
Por eso, la segunda etapa del índice incorporará el análisis de las autoridades ambientales y mineras de San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Santa Cruz. El objetivo será observar cómo producen, administran, responden y difunden la información relacionada con los proyectos bajo su jurisdicción.
Ese próximo paso será particularmente importante porque permitirá poner en contexto los resultados obtenidos en esta primera medición y separar con mayor precisión qué brechas corresponden a decisiones empresariales y cuáles están relacionadas con la capacidad institucional de los organismos públicos.
Más información no significa necesariamente más impacto: significa mayor capacidad de escrutinio
El principal aporte del primer ITMA quizás esté justamente ahí. En un sector que busca construir legitimidad para ampliar sus operaciones, la transparencia no reemplaza al desempeño ambiental, pero permite que ese desempeño pueda ser conocido, analizado y discutido por terceros.
Publicar los IIA y las DIA, ordenar la documentación ambiental en sitios accesibles, responder de manera proactiva las consultas y fortalecer los mecanismos de participación son medidas que, según ICD, no requieren necesariamente producir nueva información, sino hacer accesible la que ya existe.
La organización plantea así el concepto de Transparencia Activa como una condición para reducir la brecha de confianza entre empresas, comunidades, sociedad civil y organismos públicos. Y establece una agenda que será interesante seguir en las próximas actualizaciones trimestrales del índice.
Porque en minería, como en cualquier actividad con potencial impacto ambiental, la confianza no se construye solamente diciendo que la información existe: también depende de que esa información pueda encontrarse, entenderse y ser contrastada.
