Por Andrea Vulcano
Empresas y ONGs están trabajando juntas para cerrar brechas de género y promover la inclusión laboral, pero ¿hasta qué punto estos esfuerzos son genuinos? Desde políticas de diversidad hasta programas de reinserción, líderes del sector social advierten sobre los desafíos y aprendizajes en este camino hacia un cambio real.
Charlas, workshops, conversaciones informales, documentos. En todos ellos, la temática se repite: ¿Cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil afrontar el actual contexto de crisis? ¿Es posible sostenerse, reinventarse, ser resilientes? “Si no actuamos ahora, más del 40 por ciento de las OSC podrían desaparecer en los próximos años”, advierten desde la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) en el marco de su flamante programa “Reimaginando el futuro de la sociedad civil”. Allí ponen el foco en una “caída sin precedentes” del financiamiento internacional, con un recorte del orden del 33 por ciento.
A eso se suman narrativas que deslegitiman el rol de las organizaciones y, a la vez, “erosionan los espacios democráticos”. Ante esa intrincada coyuntura, se multiplican los desafíos estructurales del tercer sector.
En todos los casos, pareciera cuadrar la regla de tres inversa: en un contexto de más necesidades sociales, una realidad signada por menos recursos. Entre ambas variables, se abre una brecha en la que la mayoría de las organizaciones hace malabares para garantizar
su supervivencia y su capacidad operativa. “Éste no es solo un contexto de crisis: también es un llamado a reaccionar, organizarnos y construir nuevas respuestas”, aseveran desde la RACI.
“La mayoría de las OSC enfrenta en el país una reducción significativa de sus ingresos, combinada con un entorno inflacionario que encarece su operativa diaria y crecientes demandas sociales que desbordan su capacidad de respuesta”, analiza en diálogo con Visión Sustentable la Directora de Programas y Desarrollo Institucional de la RACI, Antonella Erben.
Victoria Matusevich, referente de la Fundación Avina en la Argentina, es categórica: “No estamos en una crisis sino en una ruptura; no volveremos al mismo punto”. Desde su mirada, las OSC se ven sometidas hoy a una doble presión: la retracción de la cooperación internacional y “el deterioro del espacio cívico”.
Más allá de las fronteras
En su último reporte global, la red Civicus traza un escenario preocupante, signado por un aumento del autoritarismo y un desfinanciamiento sistemático.
Desde la RACI, Antonella Erben explica los aspectos salientes de esa coyuntura: “Estados Unidos ha reducido su cooperación a niveles casi nulos, cerrando programas y canales de financiamiento incluso en regiones históricamente prioritarias. En tanto, Europa ha comenzado un proceso de repliegue, destinando una porción cada vez mayor de su presupuesto a seguridad y defensa, en respuesta a la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas con Rusia. Esta reasignación de fondos se produce en claro detrimento de las partidas destinadas a cooperación internacional, desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil”.
Voces locales
A nivel nacional, el escenario que describen las propias OSC es crítico, complejo y, a la vez, desafiante. Erben dice que los factores determinantes están en “la drástica disminución de fondos de la cooperación internacional; el retiro del Estado del financiamiento social; y un contexto económico nacional que no sólo limita el acceso a financiamiento, sino que además reduce donaciones ciudadanas y contrae las posibilidades de articulación con actores tradicionales de apoyo”.
Frente a este escenario, plantea que “muchas OSC están en un punto de inflexión, obligadas a redefinir su rol, su modelo operativo y su manera de sostenerse en el tiempo”.
“Por varios factores, es probablemente la peor situación en décadas. Hay organizaciones que
han debido suspender total o parcialmente sus actividades o enfocarse solo en temáticas para las cuales aún consiguen algunos recursos”, señala en diálogo con Visión Sustentable Patricio Sutton, referente de la Red Comunidades Rurales.
Por eso, afirma que, “si no se invierte desde los diferentes sectores sociales en educación,
desarrollo e infraestructura productiva, innovación tecnológica, ciencia, servicios basados en el conocimiento y cuidado del ambiente, los costos más adelante serán mucho mayores”.
Iván Buffone es líder de Innovación del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE). Él habla de un contexto “particularmente desafiante” para las OSC. “Se combinan múltiples factores que se retroalimentan entre sí y tensionan tanto la sostenibilidad de los programas como de su estructura institucional”, indica. Asimismo, plantea que la caída de la cooperación internacional significa no sólo “menos oportunidades de financiamiento” sino también “una creciente competencia entre organizaciones por acceder a esos fondos escasos”.
A eso se suman -describe Buffone– “las limitaciones presupuestarias en empresas y fundaciones, atravesadas por la misma coyuntura económica”. Como consecuencia de esas múltiples variables, habla de un “proceso de reconfiguración estructural” de las OSC.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), su Director Ejecutivo, Andrés Nápoli, sostiene que la principal fuente de financiamiento de las organizaciones ambientales proviene “de fuentes privadas internacionales”, pero también de “aquellas que están vinculadas con el sistema de Naciones Unidas, que tampoco está pasando el mejor momento, con restricciones financieras muy fuertes”.
En diálogo con Visión Sustentable, advierte también sobre una cuestión de agenda: “El financiamiento para el sector ambiental va de la mano de las políticas internacionales y, en la medida en que no hay una mayor atención hacia los temas ambientales, eso impacta también a nivel local”.
El coordinador ejecutivo del colectivo Sociedad Civil en Red, Diego Guilisasti, pone el foco en los “recortes muy fuertes” que hubo tanto en el Estado nacional como en los provinciales, ámbitos con los que había un fuerte trabajo de articulación.
“Hay muchas OSC que se están dando de baja justamente porque no pueden sostener su
estructura ni la estructura de sus programas”, expone Guilisasti. Matusevich, suma otra
ventana cuando señala que el actual escenario “trasciende el desafío financiero” e “implica un riesgo para la diversidad y la vitalidad de la sociedad civil, pilares fundamentales de las
democracias”.
De la emergencia a la reinvención
Frente al cimbronazo que representa el actual contexto, las organizaciones exploran nuevos
caminos. “La diversificación de las fuentes de financiamiento no solo es un cambio necesario sino también urgente”, enfatiza Buffone.
En ese marco, cuenta que algunas organizaciones están comenzando a incursionar en la generación de ingresos propios a través de servicios o productos, mientras que otras “empiezan a vincularse con el ecosistema emergente de finanzas sostenibles, accediendo a fondos de impacto, estructurando fideicomisos sociales, emitiendo bonos temáticos o participando en esquemas de ‘blended finance’ (financiamiento mixto)”.
No obstante, asegura que la necesaria transformación “requiere de algo más que voluntad: exige capacidades técnicas, estructuras institucionales sólidas y una narrativa de impacto clara y profesionalizada, capaz de dialogar con nuevos actores del ecosistema financiero”. En ese marco, pone en duda que todas las organizaciones tengan herramientas suficientes para eso.
También, Buffone considera que “deben dejar de ver al mercado financiero como un territorio ajeno y empezar a articularse con él de manera estratégica”.
“En contextos de supervivencia, sobrevivir no consiste en tirar desesperados manotazos de ahogado sino dar calculadas brazadas de nadador para no solo mantenerse a flote, sino también para seguir avanzando en pos del objetivo. Un objetivo que desde algunos
escenarios internacionales se lo focaliza en recuperar, consolidar y ampliar los espacios habilitantes para la plena actuación de la sociedad civil”, postula, por su parte, Carlos March, Director de Futuro de la Fundación Avina.
Antonella Erben entiende que el panorama para las OSC en la Argentina es especialmente complejo: “Al ser clasificado como un país de renta media-alta, históricamente ha recibido
poca cooperación directa, y el financiamiento internacional ha llegado principalmente a través de intermediarios, fundaciones u organismos multilaterales. Si bien la Argentina no era un país prioritario para USAID, la agencia de cooperación americana hoy desaparecida, muchas organizaciones locales eran beneficiarias indirectas de sus fondos. Hoy, esos canales también están desapareciendo”.
Ese escenario internacional se combina con “recortes internos que comenzaron en 2024, marcados por un fuerte retiro del Estado como actor de apoyo, articulación y financiamiento del sector social”, dice Erben y agrega: “El resultado es un efecto de pinza que deja a muchas organizaciones en una situación de doble vulnerabilidad”.
Pero no todo es cuestión de fondos. Patricio Sutton, aporta una reflexión que invita a pensar: “También están cambiando las formas de participación y colaboración a nivel individual. No se trata sólo de problemas económicos sino de nuevos desafíos culturales. La sumatoria de variables adversas que jaquean hoy a las organizaciones, las obliga a “fortalecer sus capacidades, potenciar la cooperación interinstitucional, y desarrollar estrategias de sostenibilidad más innovadoras y resilientes”, explica Matusevich.
Un mix
La capacidad de resiliencia es, justamente, uno de los rasgos distintivos de las organizaciones de la sociedad civil en la Argentina, muchas de las cuales ya cargan con un frondoso pasado de cimbronazos y crisis. Por eso, más allá de capear la tormenta, la mirada empieza ahora a enfocarse en salidas posibles.
“Los modos más viables de financiamiento para las OSC son aquellos que combinan diversificación, creatividad y alianzas estratégicas”, describen desde la RACI.
En ese sentido, indica que, entre las modalidades que están funcionando mejor, se cuentan “fondos provenientes de gobiernos, muchas veces enfocados en causas específicas como derechos humanos, ambiente o juventudes” como así también “donaciones individuales y campañas, apalancadas por estrategias de comunicación digital y cercanía con las comunidades”.
A eso se suma la “prestación de servicios, consultorías o capacitaciones, como una forma de generar ingresos propios”, y la construcción de “alianzas con empresas privadas que, en algunos casos, buscan apoyar proyectos con impacto territorial en el marco de sus políticas de sostenibilidad”.
“Aunque en menor medida que antes, algunos fondos internacionales aún permanecen activos”, señala Erben, quien, sin embargo, advierte que esas posibles vías “requieren de capacidades técnicas, tiempo y recursos que no todas las OSC tienen disponibles, lo que genera una brecha entre aquellas que pueden profesionalizar su búsqueda de fondos y aquellas que quedan rezagadas”.
Para Andrés Nápoli, la clave es “diversificar las fuentes de financiamiento para poder seguir atendiendo las distintas necesidades”. “Las organizaciones tienen una razón de ser porque hay un conjunto de necesidades que no están siendo satisfechas ni por el mercado ni por el Estado. Habrá que ver, finalmente, cómo ese proceso se resuelve en términos de financiamiento”, analiza.
En tanto, desde Sociedad Civil en Red, Guilisasti plantea que, hoy por hoy, “la principal fuente de financiamiento de las OSC son los donantes individuales”. Sin embargo, señala que el problema que presenta esa modalidad es la dificultad para actualizar los aportes en función de la inflación: “Es muy difícil pedirle a los donantes individuales que aumenten su aporte
en la actual coyuntura de complicaciones económicas”.
Para Iván Buffone, del GDFE, “el cambio más profundo” que deben afrontar las OSC “no es sólo instrumental, sino cultural: está emergiendo la conciencia de que el impacto social no puede sostenerse con esfuerzos individuales aislados, sino que requiere acción colectiva”.
En ese sentido, rescata la presencia de “cada vez más experiencias de consorcios, plataformas colaborativas y redes que buscan aportar escala, confianza y eficiencia al
ecosistema”.
“Desde el GDFE impulsamos la creación de los Incentivos de Bien Público, una propuesta de política pública que busca reconocer a los actores (empresas, OSCs, fondos) que alinean
su actividad y su capital con la generación de impacto social y ambiental. Estos incentivos pueden ser una herramienta clave para facilitar el acceso de las OSCs a financiamiento y para fomentar inversiones estratégicas que fortalezcan el entramado social argentino”, postula.
Vidriera
Con el objetivo de promover la búsqueda de vías alternativas de financiamiento por parte de las OSC, la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales (Aedros), aportó una idea -una red- y puso a disposición un espacio para su visibilización. “La venta de productos y servicios es uno de los modos en que muchas organizaciones buscan también financiar sus causas”, asegura la Coordinadora General de la entidad, Andrea Imbroglia.
Así, lanzó un directorio de tiendas solidarias -en proceso continuo de construcción- que reúne en una plataforma emprendimientos que OSC llevan adelante como una herramienta adicional para sumar fondos. Casi una veintena de OSC -entre ellas la Amia, la Fundación Cruzada Patagónica y Haciendo Camino- ya tienen allí disponibles sus espacios. “Ofrecemos el directorio para que sea una vidriera, y así promover este modo de recaudación”, subraya Imbroglia.
