En Argentina, solo el 30 por ciento de los profesionales en el rubro energía de STEM son mujeres, una barrera que debe allanarse para cumplir los ODS 2030, que dependen en un 74% de alcanzar la igualdad de género.
América Latina enfrenta profundas brechas sociales, económicas y ambientales a menos de cinco años de cumplirse el plazo de la Agenda 2030. Cerrar esas desigualdades es urgente: casi el 74 % de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dependen directamente de la igualdad de género. Sin embargo, la disparidad es evidente en el terreno de la sustentabilidad: apenas el 1 % de la inversión global en este sector incorpora un enfoque de género.
Lejos de desalentar, estas cifras revelan una oportunidad decisiva. De acuerdo con datos del World Economic Forum 2025, de mantenerse el ritmo actual, América Latina alcanzaría la paridad de género recién en 2082. Aunque esa proyección implica esperar 57 años, la región se posiciona como el “caso de éxito” en comparación con otras, incluso por encima de América del Norte y Europa.
En este escenario, invertir con enfoque de género se vuelve una estrategia crucial y todavía poco aprovechada. La llamada economía “verde” —energías renovables, infraestructura sostenible, reciclaje— continúa siendo un ámbito altamente masculinizado. En Argentina, por ejemplo, solo el 30% de los profesionales en STEM dentro del sector energético son mujeres, frente al 70% de hombres.
Otro de los factores estructurales que ralentizan el cambio es el trabajo de cuidado no remunerado, considerado la “base silenciosa” del desarrollo sostenible. En Argentina, las mujeres destinan en promedio 6 horas y 31 minutos diarios a estas tareas, frente a las 3 horas y 40 minutos de los hombres, según ONU Mujeres y Cepal. Esta economía del cuidado equivale al 16,8 % del PIB nacional.
Frente a este panorama, el país incorporó en su segunda Contribución Nacional Determinada (NDC) al 2030 una perspectiva de género en los procesos de adaptación al cambio climático. Esto incluye promover liderazgos femeninos en políticas ambientales, ampliar la participación de mujeres en sectores verdes emergentes y potenciar su inclusión financiera y productiva en cadenas de valor sostenibles.
Entre las iniciativas que materializan estos objetivos se encuentra el Gender Scaling Financing Facility (GSFF), que busca fortalecer e integrar la igualdad de género en la estructura, políticas y operaciones de empresas en la región. En América Latina, el programa ya capacitó a más de 100 empresas sociales. Los resultados del proyecto fueron contundentes: las empresas participantes aumentaron 35% los ingresos obtenidos, un 68 % el número de beneficiarios y beneficiarias finales, y registraron incrementos tanto en productividad como en calidad y cantidad de interacciones en la toma de decisiones.
Una de las participantes es la empresa argentina Agro Justo, fundada por la mendocina María Fernanda Bonesso. Se trata de una plataforma que conecta a pequeños productores de alimentos con los consumidores, y al mismo tiempo los capacita en herramientas digitales para mejorar la comercialización de sus productos.
“En Pro Mujer trabajamos para que la transición hacia una economía verde sea también una oportunidad para cerrar brechas de género. El camino es a través de formación, para que las mujeres ingresen y crezcan en empleos verdes, en apoyo a las economías del cuidado como pilar de infraestructura social y en el desarrollo de programas de capacitación y liderazgo que conviertan a más mujeres en protagonistas de la acción climática”, afirma Carmen Correa, CEO de Pro Mujer.
