Por Fiorella Lotti
A la brecha salarial acrecentada por la pandemia y las tareas de cuidado, se suman los costos por ser mujer: el pink tax y los productos de gestión menstrual.
En el tercer trimestre de 2021, las mujeres percibieron ingresos que, en promedio, son un 28,4% menores que los de los varones, según un informe de Ecofeminita. En él, se contemplan todos los ingresos que se perciben, sean de origen laboral o no laboral (como jubilaciones y pensiones, cuotas alimentarias, subsidios, etc.).
El sueldo promedio de una mujer fue de $43.200, mientras que el varón ganó $60.300. Sin embargo, la diferencia sube a 30,8% cuando trabajan en ocupaciones profesionales: el ingreso medio de $115.600 es para los hombres y para las mujeres es de $79.900.
En esa misma realidad económica, las mujeres pagan más por productos de primera necesidad, haciendo evidente la existencia del Impuesto Rosa o Pink Tax, es decir, un sistema de fijación de precios discriminatorio sobre productos y servicios que se basan en el género.
Según el informe “Impuesto Rosa en Argentina” realizado por Focus Market, las mujeres argentinas vienen pagando una diferencia de precio promedio del 12% durante los últimos 5 años, con respecto a productos de similares características e idénticas funcionalidades destinados a los hombres.
Del relevamiento de precios de diferentes productos, se obtuvo que:
Según detalla Cecilia Bauza, Directora de Comunicaciones de P&G Argentina,el caso de algunos SKUs de productos de afeitada Gillete y Gillete Venus, si bien ambos fueron creados y desarrollados para el mismo fin, tienen dos diferencias. “Una es su funcionalidad: las navajas de afeitar para mujeres están diseñadas de manera diferente de las de los hombres ya que trabajan con más fuerza, requieren una performance y tecnología distinta. Y la otra es que el volumen de producción de los productos para hombres es hasta 5 veces superior al de las mujeres (portafolio general) y esto genera que los comercializadores puedan trasladar un precio diferente, producto de las actividades comerciales y promocionales”.
En ese sentido, aclara: “Es muy importante destacar que P&G no pone el precio final de venta, sino que esa tarea le corresponde a los comercializadores”.
Sin embargo, al consultar a Farmacity sobre la composición de los precios en este tipo de productos, desde el área de prensa aseguran que “la empresa no es formadora de precios. La diferencia de precios sobre productos similares no es una definición comercial de la compañía. Los costos se reciben del fabricante y sobre ese valor Farmacity coloca el precio final de venta”.
Menstruar también es un factor de desigualdad
Siguiendo el Informe Menstruar de EcoFeminita, en el cual relevan precios a nivel provincia y los ponderan a nivel nacional, el gasto promedio por año por persona en toallitas es de $4.890.27, mientras que, si elige utilizar tampones, el gasto asciende a $5.311.27.
Si se tiene en cuenta que el acceso a los productos de gestión menstrual es uncosto que cae exclusivamente sobre un grupo de la población que se encuentra en una situación estructural de desventajaeconómica, el impuesto rosa en general y el “impuesto a la menstruación” en particular acrecientan la desigualdad y refuerzan las inequidades.
“Hay una primera necesidad de gestionar la menstruación, y eso cuesta dinero y es una carga económica desigual y asimétrica. Es un monto alto sobre todo para quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza y no perciben un ingreso mensual, o están en la informalidad, lo cual es una realidad de la mayoría de las mujeres, ya que la pobreza en Argentina está feminizada”, describe Lucía Espiñeira, y coordinadora del proyecto #Menstruacción de EcoFeminita.
El impuesto rosa y los costos por menstruar no son una realidad exclusiva de nuestro país, sin embargo, en otros lugares se están desarrollando políticas públicas para disminuir los costos. Tal es el caso de Kenya, que fue el primer país que liberó de impuestos los productos de gestión menstrual en el año 2004. O Colombia, donde la Corte Constitucional emitió una resolución para eliminar el impuesto de los productos con el fundamento de que este gravamen “viola el principio de equidad tributaria, además de ser un impuesto sexista”.
Así mismo, las mujeres canadienses no pagan impuestos por las toallitas y tampones desde 2015 y en Australia, el movimiento “Stop the Tampon Tax” luchó por 18 años y logró la eliminación del 10% de IVA en 2019. En Estados Unidos, algunos estados ya eliminaron este impuesto y Nueva York aprobó la distribución gratuita de toallas femeninas y tampones en escuelas públicas, albergues y cárceles.
“Desde el Estado se puede contribuir con el acceso a productos que permitan manejar el periodo menstrual de una manera saludable, segura y digna, ya sea a través de una rebaja impositiva eliminando el IVA, como proveyéndolos gratuitamente en espacios comunitarios”, precisa la licenciada en Economía.
Como esta es la séptima vez que realizan este ejercicio de estimación semestral, en el informe se observa cómo evolucionaron los precios de toallitas y tampones en el último año. También, con los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC – INDEC), se puede realizar una comparación entre la evolución de estos productos de gestión menstrual y el nivel general de precios, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, y el de Salud.
Desde el sector privado, para Espiñeira “es necesario atomizar más el mercado, ir hacia un paradigma de productos sostenibles que no contaminan el ambiente y son amigables con la salud de las mujeres, e impulsar emprendedores que generan estos productos. Y por supuesto bajar los precios, sobre todo en el sector farmacéutico”.
La brecha salarial y temporal
En Argentina, una de cada tres mujeres asalariadas no está registrada ante la seguridad social, según el estudio realizado por el equipo técnico del Observatorio de Salud y Seguridad en el Trabajo en marzo del 2021. Esto condiciona el acceso a derechos básicos y se asocia directamente con ingresos bajos.
Mientras que hay un 1,6% de mujeres empleadoras, los hombres representan el 2,7%, y se replica en quienes tienen cargos directivos: el 62,8% son varones y el 37,2% mujeres. La brecha asciende a las jefaturas, donde el 75,6% son hombres y el 24,4% restante, mujeres.
Incluso en sectores feminizados, vinculados a las tareas de cuidado (educación, salud y servicio doméstico) los varones acceden a puestos de jerarquía máxima, mientras las mujeres se ubican en los niveles más bajos de la pirámide.
“Las mujeres se insertan en los sectores que están peor pagos y tienen menos prestigio social, o con trabajos part-time e informales para poder combinar con las tareas de cuidado. Así llegamos a la brecha: un promedio salarial de las mujeres inferior al de los varones para quienes trabajan, y mayor desempleo e informalidad”, explica Espiñeira.
Por otro lado, si bien las mujeres ingresaron al mercado laboral masivamente no dejaron de estar atadas a los hogares, lo que generó una doble jornada laboral: tienen un trabajo remunerado y cuando vuelven a sus hogares cargan con las tareas de cuidado. “A esto se suma la pobreza de tiempo: las mujeres disponen de menos tiempo libre para formarse y realizar actividades sociales, entre otras cuestiones”, precisa la especialista.
En Argentina, existen diferentes regímenes según se trate del sector público nacional, sector público provincial y sector privado. En ese sentido, las licencias pueden contribuir a garantizar el tiempo y la calidad necesarios para los cuidados, así como la extensión de las licencias parentales para padres y trabajadores por fuera de la relación de dependencia es necesariapara una sociedad más igualitaria.
