El debate por la Ley de Glaciares volvió al centro de la escena. Y no es menor: lo que se discute no es solo un cambio normativo, sino el futuro de una de las principales reservas estratégicas de agua dulce del país.
El proyecto que impulsa el Gobierno propone modificar la ley vigente y reconfigurar el esquema de protección de glaciares y ambientes periglaciares. Según especialistas, ONG ambientales y juristas, la reforma le pasa la decisión a las provincias, lo que en criollo significa que cada jurisdicción podrá decidir cuánto hielo sacrifica por un proyecto minero.
Los glaciares y el ambiente periglaciar cumplen una función crítica: actúan como reservas naturales de agua dulce, fundamentales para el abastecimiento humano, la producción agropecuaria y los ecosistemas, sobre todo en contextos de sequía y estrés hídrico.
En la cordillera de los Andes, estos ambientes pueden aportar hasta el 30% del caudal de los ríos, un dato clave en un escenario de cambio climático donde las precipitaciones son cada vez más irregulares.
Qué cambia con la reforma
El punto que hace ruido es el de la ‘carga de la prueba’. Básicamente, el Gobierno quiere que los glaciares tengan que ‘demostrar’ que dan agua para ser protegidos. Si no hay papeles, hay excavadoras. Esto deja a la intemperie a miles de glaciares de escombros que hoy son el pulmón hídrico de la cordillera.
Además, la iniciativa propone que sean las provincias las que decidan qué se protege y qué no en sus territorios. Para muchos especialistas, esto rompe con el principio de protección ambiental uniforme y habilita un esquema de “federalismo ambiental” que, en la práctica, podría derivar en decisiones fragmentadas y condicionadas por intereses económicos locales.
Desde organizaciones ambientales advierten que la reforma podría ser ilegal e inconstitucional. Señalan que podría violar el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y establece la obligación del Estado de proteger los recursos naturales de manera integral.
Otro punto crítico es que el proyecto rompe con el principio precautorio, uno de los pilares del derecho ambiental: ante la duda, se debe proteger. Con la reforma, la carga de la prueba se invierte y la protección deja de ser preventiva.
La minería, principal beneficiada
Aunque el debate se presenta como una discusión técnica y jurídica, el trasfondo económico es evidente. La flexibilización de la protección ambiental en zonas glaciares y periglaciares podría facilitar el avance de proyectos mineros en áreas hoy restringidas.
Para las ONG, este cambio no solo pone en riesgo ecosistemas frágiles, sino también la seguridad hídrica de comunidades enteras que dependen de estos sistemas naturales.
La discusión por la Ley de Glaciares excede lo ambiental. Es un debate sobre cómo se toman las decisiones estratégicas, qué se prioriza y quién define los límites cuando se trata de bienes comunes como el agua.
En un contexto de crisis climática, retroceder en estándares de protección abre un interrogante profundo: ¿se trata de modernizar una ley o de redefinir, silenciosamente, qué se protege y qué se sacrifica?.
Para saber cuántos glaciares hay en cada provincia o entender qué zonas quedarían desprotegidas, se puede navegar el Inventario Nacional de Glaciares del IANIGLA. Es el registro oficial que hoy sirve de escudo para nuestras reservas de agua.
