En una jornada clave para la regulación global, el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo provisional del paquete Ómnibus I. Esta iniciativa, respaldada por 428 votos, busca reducir significativamente las cargas administrativas y los requisitos de cumplimiento para las empresas en el marco de la agenda verde de la UE.
Si bien el objetivo central es simplificar la burocracia, la decisión implica una reducción sustancial en el alcance de las dos normativas pilares de la región: la Directiva de Informes de Sostenibilidad (CSRD) y la de Debida Diligencia (CSDDD).
El acuerdo eleva las varas de cumplimiento de manera drástica, dejando fuera de la obligatoriedad a una gran parte del tejido empresarial europeo que originalmente estaba contemplado:
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CSRD (Reportes): Aunque se mantiene el piso de 1.000 empleados, se añadió un umbral de 450 millones de euros de facturación anual. Esto excluye aproximadamente al 90% de las empresas de la obligación de presentar informes de sostenibilidad detallados.
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CSDDD (Debida Diligencia): El recorte es aún mayor. Ahora solo aplicará a compañías con más de 5.000 empleados y facturaciones superiores a los 1.500 millones de euros, concentrando la normativa únicamente en los grandes jugadores del mercado.
Cambios estructurales en la normativa
Más allá de quiénes deben reportar, el contenido de las obligaciones también sufrió modificaciones de peso:
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Planes de Transición: Se eliminó la obligación de que las empresas elaboren planes de transición climática bajo la CSDDD.
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Responsabilidad y Sanciones: Se descartó el régimen de responsabilidad civil a nivel de la Unión y se estableció un tope para las sanciones del 3% de los ingresos globales.
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Protección a la cadena de suministro: Las empresas bajo el alcance de estas leyes no podrán exigir de forma sistemática información exhaustiva a proveedores pequeños (menos de 1.000 empleados), debiendo limitarse a lo estipulado en el estándar voluntario para PyMEs (VSME).
Un nuevo escenario para la sostenibilidad
Este giro marca un cambio de prioridades en Bruselas, donde la competitividad y la reducción de costos de cumplimiento parecen haber ganado terreno frente a la ambición regulatoria inicial.
Para las empresas en Argentina, este nuevo marco ofrece un respiro en términos de exigencias inmediatas de datos para sus clientes europeos, aunque la tendencia hacia la transparencia sigue firme mediante cláusulas de revisión que podrían ampliar el alcance nuevamente en el futuro.
