La Comisión Europea anunció nuevas medidas para que aplicar la Taxonomía de la UE sea mucho más sencillo y menos burocrático. Para 2026, habrá una reducción significativa de los puntos de datos en los informes y la posibilidad de dejar afuera las actividades que no son relevantes desde lo económico para cada empresa.
Estas medidas forman parte de un esfuerzo más grande por hacerles la vida más fácil a las empresas en cuanto a reportes y exigencias. La Taxonomía es solo el comienzo: se vienen más actualizaciones dentro del llamado “paquete Ómnibus I”, publicado en febrero. Todo esto empezará a regir a principios de 2026 y aplicará para el ejercicio fiscal 2025.
Recordemos que la Taxonomía es parte del Plan de Acción en Finanzas Sostenibles de la UE, y busca definir qué actividades económicas realmente aportan a alguno de los seis objetivos ambientales (como el cambio climático o la economía circular), sin perjudicar a los demás. La idea de fondo es canalizar inversiones hacia sectores sostenibles y acompañar la transición.
Entró en vigencia en 2022, primero con foco en mitigación y adaptación al cambio climático, y desde 2024 se amplió a los otros cuatro objetivos ambientales.
Uno de los cambios importantes es que las empresas ya no estarían obligadas a evaluar la elegibilidad y alineación con la Taxonomía de actividades que no tienen peso real en su negocio. Si esas actividades representan menos del 10% de sus ingresos o gastos operativos (o préstamos/inversiones, en el caso de las empresas financieras), pueden dejarlas fuera del análisis.
También se flexibiliza el tema del gasto operativo: si no es relevante para el modelo de negocio, basta con informar el total y justificar por qué no lo es, sin tener que entrar en detalles de alineación.
Por otro lado, se reducen los puntos de datos que deben incluirse en los informes: un 64% menos para empresas no financieras y un 89% menos para las financieras.
Además, se simplifican criterios para definir si una actividad “no causa daño significativo” (el famoso DNSH) en temas como el uso de químicos, y se ajustan los requisitos del ratio de activos verdes para bancos.
Todo este paquete todavía debe pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo, con un período de revisión de cuatro meses que podría extenderse. Si todo avanza, los cambios llegarán justo a tiempo para que las empresas respiren un poco antes de los nuevos reportes.
“La idea es tener un marco más simple, que permita crecer sin perder de vista nuestros objetivos sostenibles a largo plazo”, dijo Maria Luís Albuquerque, comisionada de Servicios Financieros de la UE.