Reciclarg, empresa que se dedica a recolectar y reciclar la basura informática mediante un proceso innovador, capacita y concientiza sobre el cuidado del medioambiente. Con media sanción de la ley que obligará a las empresas a hacerse responsables en todo el proceso de la vida útil de sus productos, la PyME mendocina sería además subsidiada por el estado.
¿Qué hacer con la PC que ya no funciona o con el viejo modelo de celular? ¿A dónde va a parar toda esa basura informática? Estas dos preguntas fueron el disparador para que Farid Nallim comenzara a averiguar si en su provincia natal, Mendoza, existía algún tipo de plan, programa y/o empresa que se encargara de manera responsable y segura del reciclado de este tipo de "basura". En 2008, junto a su hermana, se presentó en Endeavor y su plan de negocios obtuvo el segundo puesto mientras que al año siguiente llegó a la semifinal de NAVES, organizado por el IAE.

Hoy con 30 años, Nallim es gerente general de Reciclarg, la PyME mendocina que se dedica a la recolección, el reacondicionamiento y el desarme de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), única en la provincia de Mendoza, y con un negocio a escala.
Más de seis mil millones de personas que viven en el planeta generan más de mil millones de toneladas de basura. Debido al creciente desarrollo tecnológico se produjo un exponencial crecimiento de RAEE, y un estudio realizado en 2008 en la provincia de Mendoza concluyó que cada ciudadano generaba 1 kilo de basura al año, mientras que en 2010 se disparó a 3.
Según datos de la ONG ecologista Greenpeace, casi 20.000.000 de celulares se descartaron anualmente en los dos últimos años. Esta cifra se multiplicó por cuatro desde el 2005 hasta el 2009.
Mientras que en Europa ya existen acuerdos entre fabricantes y cadenas de electrodomésticos para que, por ejemplo, si un cliente compra un nuevo producto el retailer retire de su domicilio el viejo y se lo devuelva al productor, en Argentina, luego de tres años, el proyecto de ley de basura electrónica recién recibió media sanción de senadores.
Epson, es una de las pocas compañías locales que cuentan con algún tipo de programa para el reciclado de los equipos que quedan en desuso. La filial Argentina, en 2006, logró un acuerdo con la compañía Slikers S.A. para el tratamiento y reciclaje de los residuos electrónicos, el cual consiste en recuperar los residuos de los aparatos electrónicos de la empresa mediante el reciclado y exportación. “Este programa se inició con el Plan Canje que posee EPSON para sus clientes, que tiene por objetivo que los usuarios puedan renovar sus equipos entregando sus modelos obsoletos”, explica Adriana Banar, gerente Regional de Publicidad e Imagen de la compañía que, hasta la fecha entregó a Silkers 150 toneladas de modelos obsoletos.
La política ambientalista de EPSON compromete a la compañía a la creación y provisión de productos amigables con el medio ambiente, basándose en sus políticas de diseño de ahorro de energía, consumo de recursos y eliminación de sustancias peligrosas. “Procuramos la recuperación y el reciclaje de los productos usados, y la transformación de todos los procesos para reducir la carga sobre el entorno”, enfatiza Banar. Por este motivo, se ha puesto como meta adquirir únicamente productos de papel, que cumplan con los estándares para la producción, extracción, procesamiento, expedición y exportación.
Hasta que la Cámara de Diputados no sancioné la nueva norma los desechos electrónicos en Argentina seguirán siendo tratados bajo la Ley 24.051, de Residuos Peligros, es decir, como si fueran desechos hospitalarios.
Después de más de tres años de debate, en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta, los senadores le dieron media sanción al proyecto de ley de basura electrónica. La misma establece la extensión de las responsabilidades legales y financieras de los productores de aparatos eléctricos y electrónicos hasta el final de la vida útil de sus propios productos (véase Hacerse cargo) . Asimismo, establece la prohibición de sustancias contaminantes en la fabricación de nuevos artefactos y la creación de una infraestructura a nivel nacional para el descarte, acopio, transporte, reutilización y reciclado de los RAEE. Además, el Estado subsidiaría a este tipo de empresas como el caso de Reciclarg.
El servicio que ofrecen consiste, por un lado, en la recolección, selección y reacondicionamientos de las partes del RAEE para ser reutilizadas y, por otro, reciclar otras partes con el fin de comercializar sus componentes, minimizando el impacto ambiental.
El proceso comienza cuando los equipos llegan a la planta y son descargados en el área de bodega para preseleccionarlos, pesarlos y luego separar y almacenar por equipos eléctricos o electrónicos. En la siguiente etapa, se separan los que pueden ser reutilizados y los que van a ser reciclados, clasificándolos según material y nivel de toxicidad: el vidrio es separado del plástico y seleccionado para ser reutilizado en distintos productos; el plástico, cobre, aluminio y acero pasan a un proceso de trituración, donde son derivados a refabricación. A las tarjetas de circuitos se les retiran los chips electrónicos para que puedan ser enviados a venta; y los componentes tóxicos de las baterías y monitores se los entrega a empresas especializadas en el proceso de inertización.
“Se necesita mucho volumen para que el negocio sea rentable”, señala Nallim, advirtiendo que en su provincia el kilogramo de chatarra liviana -una estructura de CPU- cuesta 30 centavos, mientras que el aluminio -los discos rígidos- 5 pesos y el cobre sube a 20.
La compañía recicladora se pone en contacto con las empresas, hace un relevamiento de la basura que tiene la misma relacionada a informática, analiza cuántos viajes se realizarían para el traslado de la basura y elabora un presupuesto. ¿Cuándo surgen las trabas para que esta práctica se extienda a todo el sector? “Cuando hablamos de los costos de recolección”, responde el titular de esta empresa. “Algunos empresarios preguntan cuánto les pagamos por retirar la basura. Lo increíble es que cuando se enteran que son ellos los que deben pagar, prefieren tirarla a la calle”, concluye.

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