Paren las redes, YA!

La pesca es una de las principales actividades productivas que se desarrolla en el mar y al mismo tiempo es su principal fuente de amenazas. A nivel mundial, tres de cada cuatro pesquerías comerciales fueron sobreexplotadas, situación que no es ajena al mar argentino, donde varios de sus principales recursos pesqueros están dando claras señales de agotamiento.

La merluza común, la columna vertebral de nuestro sistema pesquero, es un ejemplo. En tan sólo 20 años, se agotó más del 80 por ciento de su población, afectando toda la estructura del recurso y la estabilidad de decenas de empresas, que sostienen a más de 20 mil puestos de trabajo, entre directo e indirecto a lo largo de más de 40 comunidades costeras de Argentina.

 “Argentina necesita conciliar sus necesidades de desarrollo con un uso sustentable de los recursos y ambientes naturales. Por eso, necesitamos promover actividades productivas que articulen las dimensiones económica, social y política con la variable ambiental. Lamentablemente, esto no está sucediendo en nuestro mar”, enfatiza Diego Moreno, director General de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Las dos amenazas principales de la merluza son la sobrepesca -pescar más peces de los que se regeneran anualmente- y la captura de peces juveniles -pescar ejemplares antes de su primera reproducción-. A principios de 2010, lejos de resolver ambos problemas, el Consejo Federal Pesquero (CFP) autorizó capturas de merluza 30 por ciento superiores a la cantidad recomendada para recuperar el recurso y prorrogó, por tercera vez, la suspensión del dispositivo de selectividad usado en las redes de pesca para liberar a los ejemplares pequeños.

Luego de casi 500 días sin protección de juveniles, el CFP recientemente anunció que volverá la obligatoriedad del uso de estos dispositivos. Sin embargo, Vida Silvestre considera que la medida será ineficaz dado que no hay intensiones de reducir la captura de merluza permitida para lo que resta de este año, ignorando los riesgos asociados a la sobrepesca, en relación al estado del recurso. A su vez, según explican, las empresas cuestionan el uso de los dispositivos de selectividad -medida preliminar que se extenderá hasta el 15 de octubre, fecha en la que normalmente la flota ya pescó alrededor del 80 por ciento de las capturas permitidas-, sin admitir lo que todo el sector conoce: si pescan menos juveniles se quedan sin negocio.

Según aseguran los especialistas, el estado del recurso es crítico, dado que a la situación de la escases de ejemplares adultos se le suma la realidad que también quedan pocos juveniles. “Los anuncios realizados no están acompañados de hechos concretos y señales claras de cambios efectivos en los sistemas de control -enfatiza Moreno-, que permitieron un 40 por ciento de sub-declaración y descartes hasta diciembre del año pasado”.

Hace poco más de un mes el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, aceptó públicamente, por primera vez, el estado preocupante de la merluza común y reconoció que “ni la sustentabilidad, ni la seguridad alimentaria serán posibles mientras exista pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”. A pesar de estas declaraciones, los sectores ambientalistas aseguran que no tienen evidencias de que se quiera desarrollar un modelo pesquero sustentable en el largo plazo, incluso, aseguran, que no se han implementado medidas efectivas para evitar el colapso en el corto plazo. “La pesquería de merluza podría colapsar en dos años. Por lo tanto, si las autoridades no van a evitar el colapso, al menos, deberían advertir y planificar un plan para contener las consecuencias sociales y económicas que esto acarrearía”, opina Guillermo Cañete, coordinador del Programa Marino de Vida Silvestre Argentina.

Por este motivo, aseguran que lamentablemente el 15 de octubre será otra instancia donde se pondrán en juego intereses sectoriales y presiones tendientes a continuar con este modelo de pesca irracional y no sustentable que, tarde o temprano, va a derivar en el colapso de la pesquería. “Si eso ocurre, empresas cerradas y miles de trabajadores desempleados serán el argumento para pedirle a la sociedad un nuevo esfuerzo a través de subsidios”, opina Moreno y agrega que “esto podría evitarse si se toman decisiones contundentes, ya”.

Desde la ONG ambientalista se propone la necesidad de pensar un nuevo modelo pesquero sustentable, que asegure mares sanos y productivos, con el fin de sostener miles de puestos de trabajo, una valiosa fuente de alimentos y la estabilidad comercial de un sector que puede generar más de mil millones de dólares anuales por exportaciones. “Los argentinos tenemos el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras, como lo establece el artículo 41 de nuestra Constitución”, concluye Cañete.