El “Informe Global sobre la Corrupción 2009” elaborado por Transparencia Internacional estableció que la Argentina es una de las naciones más corruptas del mundo con un puntaje de 2,9 sobre 10. Paralelamente otra investigación realizada por la OSC determinó que las empresas líderes no presentan información convincente sobre la forma en que introducen las medidas anticorrupción en sus organizaciones.
Alejandro Roca*

Algunas semanas atrás fue presentado el “Informe Global sobre la Corrupción 2009”, investigación que anualmente elabora y difunde la prestigiosa ONG Transparencia Internacional (TI). Creada en 1993 justamente con la misión de “crear un cambio a través de un mundo libre de corrupción”, TI lidera la lucha global contra este flagelo y sus devastadores impactos sobre hombres, mujeres y niños.
Me temo que las noticias no son para nada alentadoras para quienes vivimos, trabajamos, criamos a nuestros hijos y amamos la Argentina. Lamentablemente, el último informe revela lo que ya se anunciaba como tendencia en años anteriores: nuestra nación es una de las más corruptas del mundo.
Por eso (con un puntaje de 2,9 sobre 10 posibles) ocupamos el puesto 109 sobre 180 estados relevados, en el mismo escalafón que países como Armenia, Bélice, Moldavia o las Islas Salomón. Ello pone claramente de manifiesto, en evidencia, el consabido entramado de vínculos corruptos que existe entre los poderes políticos, económicos y judiciales de nuestra nación, además de variados manejos ilegales del erario público (a distintos niveles: nacional, provincial y municipal).
Así, en el concierto latinoamericano, estamos bien lejos de Chile y Uruguay (ambos en el puesto 23 del estudio), de Cuba (65º), El Salvador (67º), Colombia (70º), México y Perú (72º) y de Brasil (80º). Sostenía el diario La Voz del Interior, en un editorial publicado algunos días atrás, una frase con la que acuerdo en todo su significado: “De año en año, nos alejamos cada vez más del país que perdimos, cuyos valores éticos hacían de la vida una aventura digna de ser vivida. Es verdad que nuestra historia alberga episodios turbios (a fin de cuentas, aunque nuestra soberbia nos induzca a creernos seres superiores, somos una comunidad humana), pero jamás fuimos, como ahora, un país estructuralmente inmoral”.

Estructuralmente inmoral. La expresión quedó repicando en mi cabeza por algunos minutos, después de leerla. Este flagelo está en “nuestra estructura”. Ello equivale a niveles altísimos de corrupción, instalados en todas las esferas de la vida pública y privada de la nación: políticas, sociales, empresariales, sindicales, familiares… sígale poniendo los etcéteras que le vengan a la mente.
El hecho reviste particular gravedad cuando se lo relaciona con otro dato que brinda Johann Graf Lambsdorff, en un artículo incluido en el mismo Informe Global sobre la Corrupción 2009: “Una mejora del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) (1) de un punto -sobre 10 posibles- se asocia con una mayor productividad, un incremento de los flujos de capital equivalente al 0,8% del PBI de un país y un aumento del ingreso promedio de casi el 4%”. Saque usted mismo las cuentas de la magnitud del problema -y sus arrasadores impactos negativos- si en Argentina apenas alcanzamos los 2,9 puntos.
Casi siempre, la corrupción implica pobreza y afecta el crecimiento económico y la sostenibilidad de países enteros, influyendo severamente sobre los medios de subsistencia de la gente común. Pero, aclaran los autores del informe de Transparencia Internacional, “la pobreza no siempre arrastra a un país a una espiral negativa de malas prácticas de gobierno y privaciones económicas. Algunos países como Bután, Botswana, Cabo Verde, Chile, Jordania, Uruguay y ciertas islas del Caribe, pese a tener ingresos bajos, continúan presentando niveles relativamente bajos de corrupción percibida. Algunos de estos países, por lo tanto, pueden servir de inspiración para generar cambios. Por otra parte, varios países ricos en recursos naturales obtienen una calificación en el IPC particularmente baja”.
Por supuesto que las empresas no están exentas del asunto. Otro artículo incluido en el documento refiere al Índice de Fuentes de Soborno 2008 (IFS), concluyendo que muchas de las economías más avanzadas del globo contribuyen sensiblemente a generar hechos de corrupción en el extranjero, en países en vías de desarrollo donde concentran sus inversiones.
Además, la ONG encargó una investigación paralela para evaluar la presentación de informes por parte de las empresas en función de los criterios de Transparencia en la Presentación de Informes Anticorrupción (Transparency in Reporting on Anti-Corruption, TRAC). Los criterios TRAC examinan en qué medida 500 grandes empresas que cotizan en bolsa de 32 países/territorios habían implementado, hasta julio de 2007, estrategias, políticas y sistemas de gestión para combatir el soborno y la corrupción.
La puntuación de cada empresa fue sometida a una escala de una a cinco estrellas, siendo cinco la calificación máxima. Ninguna compañía analizada alcanzó los 50 puntos de asignación máxima, en tanto que 75 empresas tuvieron cero puntos (recibieron, por ende, una estrella).
Al clasificarlas, las estadísticas reflejan: una estrella: 151 empresas, dos estrellas: 97 empresas, tres estrellas: 169 empresas, cuatro estrellas: 62 empresas, cinco estrellas: 7 empresas.
La puntuación promedio fue de alrededor de 17 puntos sobre 50. Ergo, “las empresas líderes no presentan información convincente sobre la forma en que introducen las medidas anticorrupción en sus organizaciones”, explica Susan Coté-Freeman, autora del apartado en el informe.
Indefectiblemente, en todo hecho de corrupción hay al menos dos partes involucradas. Dos consienten el acto. Siempre hay alguien que “soborna” y otro que “acepta ese soborno”; o bien una parte reclama un pago indebido y otro acepta tales condiciones. Ya vimos que el sector privado no está exento del fenómeno, y también dimos cuenta de sus tremendos efectos sobre la economía y las personas.
Es inteligente, entonces, reflexionar sobre esta inmoralidad estructural que nos aqueja. Como sociedad, debemos tomar cartas urgentes en el asunto. Invitamos a las compañías argentinas o con operaciones aquí, por su poder y peso específico, a asumir la lucha contra la corrupción con mucha más vehemencia que la actual. De lo contrario, estarán -aunque involuntariamente, en muchos casos- ayudando a inflar un globo siempre indeseable que eventualmente explotará en sus propias narices, economías, mercados y consumidores actuales y futuros.
Para acceder al informe completo ingrese aquí
(1) Este indicador, que se publica desde hace 14 años, clasifica a 180 países en virtud de cómo los empresarios y otros destacados analistas de cada nación evaluada perciben la corrupción de los funcionarios públicos y políticos. El índice se basa en 13 encuestas y sondeos diferentes de 11 instituciones independientes, y utiliza datos publicados o compilados entre 2007 y 2008. La fortaleza del IPC también radica en que combina múltiples fuentes en un único índice, equilibrando así los hallazgos erráticos de una fuente con al menos otras dos.
*Director Área de Comunicaciones del Instituto Argentino de Responsabilidad Empresaria.

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