Adiós a las garrafas

Fundación Pro Vivienda Social organiza su trabajo a través de diferentes programas que persiguen un mismo fin: el mejoramiento de la vivienda y el hábitat de barrios de bajos recursos. Por este motivo, sus proyectos se apoyan fuertemente en conceptos tales como: Capital social, Participación comunitaria y Evento movilizador.

Desde 1995, la Fundación trabaja con microcréditos en la zona de Cuartel V, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, y a partir de un relevamiento de las necesidades e inquietudes en la zona se concluyó que los vecinos estaban interesados en tener acceso a la red de gas.

“Para lograrlo se necesitó una inversión fuerte en red interna y externa, y lo más importante, la organización de los vecinos”, explica Gabriel Lanfranchi, gerente del área de Planeamiento de Fundación Pro Vivienda Social, que junto a la empresa Gas Natural Argentina, a partir de su programa ““Gasificación de barrios de menores recursos”, llevan adelante este proyecto con un costo total de U$ 2.500.000, mediante un acuerdo de fideicomiso.

Asimismo, para la compañía que está presente en Argentina desde 1995 y tiene presencia en 30 partidos de la provincia de Buenos Aires, la extensión de la red de gas en barrios de bajos recursos económicos es uno de sus objetivos prioritarios. Sin embargo, según explica Bettina Llapur, directora de Relaciones Externas de Gas Natural Argentina, “para todos los que trabajamos en Gas Natural Argentina, fue un desafío singular e inédito hacer converger el legítimo interés comercial con la promoción de la comunidad a escala local”.

En la actualidad cerca de 350.000 familias del Gran Buenos Aires no cuentan con gas de red en sus hogares y bien podrían ser potenciales clientes de la empresa distribuidora que hoy cuenta con 1.300.000 hogares-clientes. A su vez, el nivel de penetración de la red de gas en el área geográfica de concesión que administra Gas Natural Argentina alcanza en promedio al 79,5 por ciento de los hogares. Sin embargo, en partidos como La Matanza, Moreno, Merlo, José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel, donde existen áreas de menor nivel socioeconómico, la penetración es sensiblemente menor, llegando sólo al 55 por ciento de los hogares.

La gestión transparente de los recursos era una cuestión fundamental. Luego de un estudio se decidió que el Fideicomiso sería la manera más transparente de que el dinero fuera empleado correctamente. Así, se creó el Fideicomiso Redes Solidarios (FRS), administrado por Fundación Pro-Vivienda,  a partir de U$ 250.000, que obtuvo la entidad del premio “Development Market Place”, que otorga el Banco Mundial, más $ 3 millones que aportó el Fondo de Capital Social (FONCAP) -responsable de la administración de fondos fiduciarios con aportes del estado y del sector privado-, para la realización de la obra.

A partir de allí, la comunidad se organizó en una red de organizaciones y vecinos desde la cual se estructura la movilización y participación de las familias en el FRS, la cual fue bautizada como “Comunidad Organizada”. Esta organización nació con el proyecto mismo en septiembre del 2001 y está integrada por vecinos, grupos, organizaciones e instituciones de la comunidad, cuya metodología de trabajo se basa en la discusión democrática y participativa de las propuestas. Comunidad organizada ha establecido como valores prioritarios para guiar su acción: la transparencia, la solidaridad, la comunicación permanente, el protagonismo responsable y el respeto entre las organizaciones que la conforman.

Para el pago de la instalación se determinó que la compañía de gas emitiera una factura discriminando entre consumo y obra realizada. Cada familia convino un plan de pago de acuerdo a sus posibilidades, siendo el máximo de 120 cuotas. “Cuando tienen el servicio conectado comienzan a pagar, Gas Natural Argentina le abona al fideicomiso el porcentaje correspondiente y estos a los acreedores- explica Lanfranchi-. Lo importante también es que se genera una cultura de pago, al punto que el grado de morosidad es sólo del 6 por ciento”.

El ahorro por sustitución del combustible permite quintuplicar el capital invertido en la red, ya que cada vecino pasa a gastar de $ 940 anuales a $ 140 aproximadamente -la garrafa tiene un costo mayor entre siete y diez que el gas de red-. Una vez repagadas las obras ese ahorro impactará directamente en la economía de cada familia. A su vez, se estima que las viviendas con gas natural aumentan su valor de venta en un 10 por ciento.

La red abastece a más de 4.000 parcelas, impactando positivamente en la calidad de vida de 15.000 personas. Las cañerías instaladas tienen una extensión de 70.000 metros, incluyendo la alimentación de la red por medio de tres cruces bajo la Avenida Lamas. El costo total de la obra de la red externa es de $3.896.979, mientras que el costo total de las redes internas que el Fideicomiso ha realizado ascendía, en 2006, a $ 2.421.786.

“Trabajar entre vecinos es más fácil que el modelo tradicional porque uno se va conociendo, a diferencia de las empresas, organizaciones o partidos políticos que generan desconfianza”, asume Luli Avellaneda, presidente de Comunidad Organizada y vecina de Cuartel V, quien cuenta con gas desde hace cinco años, el cual ya terminó de pagar, y hoy lucha para traer agua y cloacas al barrio. Asimismo, desde la Cooperativa, hacen relevamientos para saber quienes todavía quedaron afuera, además de ocuparse de que el 80 por ciento de la mano de obra sea gente del barrio.

No sólo los vecinos de Cuartel V tuvieron que adaptarse a este modelo de trabajo no tradicional. Para Gas Natural Argentina fue un desafío sumamente importante e innovador cuando la Fundación les presentó el proyecto. “Para nosotros significó replantearnos nuestro modelo comercial tradicional y tuvimos que adaptar varios de nuestros procesos en áreas como Sistemas, Comercial y Atención al Cliente para poder atender este nuevo modelo de negocio”, explica la representante de esta compañía que obtuvo el Premio Ciudadanía Empresaria en la categoría Promoción Social que entregó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América en la Argentina (Amcham), en el 2007, por este caso.

En paralelo con las obras realizadas, Gas Natural Argentina desarrolló programas y acciones específicas con la comunidad local como talleres de nutrición y alimentación, de lactancia y crianza en los barrios y para profesionales de la salud en el hospital de Moreno y Centro de Salud del Municipio; el programa “El Gas en la Escuela”, entre otros.

A partir del éxito del Fideicomiso Redes Solidarios, surgieron tres casos más en la zona. Uno de ellos es el de Unión de Vecinos en Acción que nuclea 4.500 familias y se está trabajando conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Supervielle, para lograr el financiamiento. “Esto es muy positivo dado que hace mucho tiempo que un banco no financia este tipo de obras porque son muy riesgosas”, explica el representante de Fundación Pro-Vivienda.

En el caso de las obras del fideicomiso “Unión por los Vecinos” están transitando una  segunda etapa que abarca a 600 familias, de las cuales 300 ya cuentan con el servicio instalado a partir de diferentes fondos. Por último, el proyecto del barrio 25 de Mayo que surgió en 2007 por iniciativa del Barrio de Unión y Futuro (BUF) que al ver que en una zona cercana los vecinos estaban organizados, se acercó  para saber cómo lo habían logrado y ver la posibilidad de llevar el gas a su barrio.

“Una de las fortalezas del proyecto fue el empuje y la convicción que pusieron los vecinos a pesar de que para ellos no era gratis y tenían que asumir compromisos económicos a largo plazo como el pago del Fideicomiso de la obra”, explica Llapur y agrega que otra particularidad del programa radica en que “los proyectos de gasificación se diseñan en base a las características particulares de cada comunidad teniendo en cuentas las necesidades de infraestructura, la características de sociales del barrio y la participación de los distintos actores sociales”.

En la región metropolitana de Buenos Aires, se realizó un análisis de la falta de infraestructura y población en estado de pobreza y dio como resultado que hay más de 2.000.000 de personas carenciadas focalizadas en doce zonas llamadas “los patios de atrás”, que son los fondos de los municipios del segundo cordón. “Hay que llevar infraestructura a esa zona e involucrar a las empresas para realizar las obras, y es el Estado quien debe atacar el problema con mayor alcance y efectividad que las organizaciones”, concluye Lanfranchi.